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A medida que el sector brasile?o de iGaming evoluciona, los desaf¨ªos para mantener un mercado que cumpla con las normas y sea transparente y rentable son cada vez m¨¢s grandes. Durante el BiS SiGMA Am¨¦ricas 2025, en el panel ¡°Estrategias financieras para combatir el mercado no regulado y proteger a los operadores legales¡±, en el escenario Jardins, analizaron en detalle estas complejidades. En un panel de alto nivel con autoridades reguladoras, financieras y operativas, se ofreci¨® un debate franco y pr¨¢ctico sobre c¨®mo el incipiente ecosistema brasile?o de apuestas reguladas debe evolucionar para hacer frente a la competencia sin licencia.
Moderada por Magnho Jos¨¦, presidente del Instituto Brasile?o del Juego Legal (IJL), la sesi¨®n cont¨® con la participaci¨®n de Fred Justo, coordinador general de la Divisi¨®n de Supervisi¨®n contra el Lavado de Dinero y Asuntos Afines del Ministerio de Econom¨ªa; Leonardo Baptista, director ejecutivo del proveedor de pagos Pay4Fun; Ricardo Brito, director s¨¦nior de Servicios Profesionales de Riesgo para Am¨¦rica Latina en LexisNexis Risk Solutions; y Marco Tulio, director ejecutivo de Ana Gaming Group. Juntos, estos panelistas presentaron un an¨¢lisis detallado de las estrategias financieras y operativas necesarias para garantizar la viabilidad a largo plazo de los operadores que cumplen con las normas.
En el centro del debate se ubic¨® una frustraci¨®n compartida: los operadores regulados asumen costos considerables para operar legalmente, que incluye tasas de licencia, cargas fiscales e infraestructura de cumplimiento normativo, pero se enfrentan a una creciente competencia de plataformas il¨ªcitas que no cumplen con ninguna de estas obligaciones. Marco Tulio destac¨® esta disparidad al mencionar los 30 millones de reales gastados en licencias, adem¨¢s de otros 5 millones de reales en dep¨®sitos de garant¨ªa, lo que remarca la presi¨®n financiera sobre las empresas que cumplen con las normas. Si bien los operadores legales est¨¢n alineados con el inter¨¦s p¨²blico, garantizando la devoluci¨®n de impuestos y experiencias m¨¢s seguras para los consumidores, siguen expuestos a un mercado donde las entidades sin licencia siguen atrayendo a otros actores con menos restricciones e incentivos inflados.
Fred Justo, en una reflexi¨®n sobre su gesti¨®n en la Secretar¨ªa de Premios y Apuestas (SPA), incidi¨® que la ordenanza 566 fue un gran primer paso para consolidar el control regulatorio. Esta ordenanza obliga a los proveedores de pagos a revelar sus relaciones con operadores sin licencia, lo que indica la intenci¨®n del gobierno de desmantelar las bases financieras del mercado ilegal. Sin embargo, Justo fue inequ¨ªvoco: bloquear sitios web o emitir avisos de cumplimiento por s¨ª solos no ser¨ªa suficiente. El sector no regulado solo se puede abordar con eficacia si se interrumpe su flujo de financiaci¨®n, en particular el sistema de pagos omnipresente instant¨¢neos de Brasil, PIX. Sin esto, la aplicaci¨®n de la ley se vuelve m¨¢s simb¨®lica que punitiva.
Leonardo Baptista ampli¨® este punto, explicando que PIX, por dise?o, proporciona una infraestructura ideal para la trazabilidad y los protocolos contra el blanqueo de capitales. Vinculado directamente a los CPF individuales y a las instituciones financieras reguladas, PIX ya contiene la arquitectura operativa necesaria para identificar y aislar la actividad il¨ªcita. Sin embargo, advirti¨® a los operadores que no se asocien con proveedores de pagos que ofrecen bajos costos de transacci¨®n sin la debida diligencia. Como se?al¨® Baptista: ¡°Si le ofrecen una tarifa de PIX de dos centavos, su proveedor est¨¢ ganando dinero en otra parte. Lo barato sale caro¡±. Inst¨® a los operadores a realizar evaluaciones exhaustivas de conoce a tu proveedor (KYP), garantizando que el ahorro de costos no se est¨¦ aprovechando a expensas del cumplimiento normativo, la ciberseguridad o la redundancia.
Mientras tanto, Ricardo Brito destac¨® la naturaleza cada vez m¨¢s sofisticada del fraude y el robo de identidad en el sector del iGaming. Desde la suplantaci¨®n de dispositivos y la clonaci¨®n de patrones de comportamiento hasta el abuso de bonos mediante bots automatizados, las t¨¢cticas il¨ªcitas son cada vez m¨¢s dif¨ªciles de detectar sin soluciones robustas y multicapa de gesti¨®n de riesgos. Brito abog¨® por la externalizaci¨®n estrat¨¦gica de estas capacidades, sugiriendo que los operadores se centren en su negocio principal y conf¨ªen la detecci¨®n del fraude, la monitorizaci¨®n de datos y la automatizaci¨®n del cumplimiento normativo a proveedores expertos. Brito reforz¨® el papel de la interpretaci¨®n de datos en tiempo real y la biometr¨ªa del comportamiento no solo para detectar el fraude, sino tambi¨¦n para prevenir la facilitaci¨®n involuntaria del blanqueo de capitales a trav¨¦s de las lagunas legales de las plataformas.
La conversaci¨®n tambi¨¦n abord¨® obst¨¢culos culturales e institucionales m¨¢s amplios. Como se?al¨® Justo, muchos organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la polic¨ªa local y los ¨®rganos judiciales, carecen de una comprensi¨®n fundamental del funcionamiento de las plataformas de apuestas, y a menudo identifican err¨®neamente a los operadores legales como c¨®mplices de esquemas de manipulaci¨®n o blanqueo. Argument¨® que, junto con una regulaci¨®n y una aplicaci¨®n m¨¢s estrictas de la ley, el gobierno debe priorizar la educaci¨®n. La capacitaci¨®n de polic¨ªas, jueces y fiscales sobre el funcionamiento interno de la industria de las apuestas es fundamental para reducir el da?o a la reputaci¨®n y las investigaciones mal dirigidas.
Tulio se hizo eco de esta necesidad de educaci¨®n p¨²blica, pero enfatiz¨® que los operadores tambi¨¦n tienen un papel que desempe?ar. Pidi¨® una campa?a nacional para monitorear las plataformas legales y educar a los consumidores sobre los peligros de interactuar con sitios sin licencia. Esta iniciativa requerir¨ªa la coordinaci¨®n entre operadores, reguladores y canales de comercializaci¨®n, incluyendo proveedores de juegos y plataformas de distribuci¨®n digital. Tulio insisti¨® en que solo un esfuerzo conjunto de todas las partes interesadas podr¨ªa desmantelar el atractivo de los operadores no regulados, que a menudo ofrecen mayores bonificaciones y menos restricciones, pero a costa de la protecci¨®n del consumidor y la seguridad financiera.
A lo largo del panel, el consenso fue claro: la colaboraci¨®n, no la competencia, debe definir la siguiente fase del desarrollo del mercado. Prevaleci¨® la idea de que los operadores legales, los reguladores y los facilitadores de pagos deben dejar de funcionar de forma aislada. Es necesario supervisar cada aspecto del ecosistema, desde el acceso a la tienda de aplicaciones hasta la provisi¨®n de contenido de juegos, para excluir a los participantes no regulados. Baptista se mostr¨® particularmente firme al respecto, insistiendo en que las instituciones financieras que prestan servicios a sabiendas a operadores ilegales deber¨ªan enfrentarse a la revocaci¨®n de sus licencias. Su punto de vista fue pragm¨¢tico y sin complejos: ¡°Si se corta el canal bancario, el problema est¨¢ resuelto¡±.
En conclusi¨®n, este panel ofreci¨® m¨¢s que un simple an¨¢lisis de los desaf¨ªos actuales; estableci¨® un plan para la acci¨®n inmediata y a largo plazo. Los operadores legales deben exigir responsabilidades no solo a los reguladores, sino tambi¨¦n a todos los socios en su cadena operativa. Los gobiernos deben combinar la educaci¨®n con la aplicaci¨®n de la ley, empoderando a las empresas legales para que prosperen en igualdad de condiciones. Y, sobre todo, el mercado debe asumir que la regulaci¨®n no es un fin, sino un proceso que requiere vigilancia, inversi¨®n y, sobre todo, unidad.
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