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La historia de las loterías en Panamá se remonta a finales del siglo XIX, cuando en 1882 se estableció la primera lotería en el país bajo un esquema privado. Desde sus inicios, esta actividad tuvo un propósito social, destinando parte de sus ingresos a hospitales, educación y beneficencia pública. El primer sorteo oficial se celebró el 25 de febrero de 1883, con un premio mayor de 500 pesos colombianos.
En 1914, la administración de la lotería pasó a manos del Estado mediante la Ley 25, y se creó la, que consolidó su función social y regulatoria. Desde entonces, la lotería ha sido un instrumento para financiar obras sociales y ha evolucionado incorporando nuevos juegos, como el chance en 1938 y sorteos extraordinarios desde 1942. La llamada Lotería Fiscal se popularizó en los noventas como incentivo para que los contribuyentes mantuvieran sus obligaciones fiscales al día. Mientras que la lotería fiscal incentiva pedir facturas para combatir la evasión tributaria, la lotería tradicional busca entretenimiento y beneficencia. Ambas son sorteos estatales, pero la fiscal requiere facturas para participar y la tradicional boletos. Sus objetivos principales son diferentes, aunque ambas entregan premios y están reguladas por el Estado.
La Lotería Fiscal vuelve a implementarse con un nuevo reglamento aprobado recientemente por la Junta de Control de Juegos y publicado en Gaceta Oficial. Antes, la Lotería Fiscal funcionaba como un mecanismo para incentivar el cumplimiento tributario, premiando a quienes presentaban facturas y documentos fiscales válidos. Ahora, la reglamentación establece que podrán participar todas las personas naturales que depositen sobres cerrados con facturas o documentos equivalentes que cumplan con requisitos específicos, como numeración única, registro del equipo fiscal y datos completos del emisor.
será el encargado de administrar esta tómbola a través de la Dirección de Ingresos y en coordinación con la Junta de Control de Juegos. Se prevé realizar cuatro sorteos en fechas que determinará el MEF. Los premios serán cinco de 10 mil dólares, diez de 5 mil dólares y diez de mil dólares, todos exentos del pago del Impuesto sobre la Renta y entregados mediante transferencia bancaria ACH.
Las autoridades panameñas han diseñado la Lotería Fiscal con medidas claras para asegurar la transparencia y la integridad del proceso. La participación está condicionada a la presentación de facturas o documentos fiscales que cumplan con una serie de requisitos técnicos y legales, como la denominación correcta, numeración única por punto de facturación y registro del equipo fiscal, lo que dificulta la falsificación o el uso indebido.
Además, solo se admitirán facturas emitidas hasta dos meses antes de la fecha del sorteo, lo que limita la posibilidad de manipular documentos antiguos o no vigentes. La administración por parte del MEF, a través de la Dirección de Ingresos, junto con la supervisión de la Junta de Control de Juegos, añade un nivel institucional de control y fiscalización.
El pago de premios mediante transferencia bancaria ACH también contribuye a mantener un registro claro y seguro de los ganadores, evitando pagos en efectivo que puedan ser susceptibles a irregularidades.
El relanzamiento de la Lotería Fiscal busca no solo incentivar el cumplimiento tributario, sino también comunicar de manera efectiva sus beneficios a la población. Las autoridades planean informar a los contribuyentes sobre las nuevas condiciones y premios a través de los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y .
Este mecanismo ofrece un doble incentivo: por un lado, fomenta la cultura de la legalidad y la responsabilidad fiscal, y por otro, brinda la oportunidad de ganar premios económicos significativos, exentos de impuestos. La posibilidad de participar con múltiples sobres también amplía las opciones para los contribuyentes, haciendo más atractiva la iniciativa.
En definitiva, la Lotería Fiscal se presenta como una herramienta renovada que combina la tradición histórica de las loterías en Panamá con modernas estrategias de control y transparencia, buscando fortalecer la recaudación fiscal y premiar a los ciudadanos comprometidos con la legalidad.