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El presidente de M¨¦xico, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, firma un decreto presidencial que altera significativamente la normativa sobre juegos de azar vigente en el pa¨ªs desde 2004. El decreto del juego mexicano, en pie desde el 17 de noviembre, parece prohibir las m¨¢quinas tragaperras y otros juegos de ë°”ì¹´ë¼ en las salas de juego. Este hecho suscita la frustraci¨®n y los desaf¨ªos legales de los abogados mexicanos especializados en el juego y de los funcionarios del sector.
Expertos legales argumentan que el decreto es inconstitucional y cuestionan los cambios realizados a las regulaciones del juego en M¨¦xico. Carlos Portilla Robertson, socio del bufete de abogados Portilla, Ruy-Diaz & Aguilar, critic¨® el decreto mal elaborado y plagado de errores. Adem¨¢s, destac¨® la falta de comprensi¨®n sobre la industria entre quienes lo redactaron. Portilla expres¨® su preocupaci¨®n por la posible p¨¦rdida de empleos y estim¨® que m¨¢s de 450 establecimientos y miles de empleos formales podr¨ªan estar en riesgo.
Miguel ?ngel Ochoa S¨¢nchez, presidente de AIEJA (la asociaci¨®n que representa a los operadores de ocio y juego en M¨¦xico), se hizo eco de estas preocupaciones. Ochoa destac¨® la contribuci¨®n al empleo de los titulares de licencias, operadores y fabricantes del sector. Tanto los expertos jur¨ªdicos como los representantes del sector cuestionan la constitucionalidad del decreto, lo que indica un esfuerzo colectivo para impugnar su validez.
El decreto se dirige espec¨ªficamente a “sortear n¨²meros o s¨ªmbolos por medio de m¨¢quinas” y eliminar las m¨¢quinas tragaperras y juegos similares de tipo 바카ë¼. Aunque las licencias existentes no se ven afectadas, no se pueden conceder nuevos permisos para juegos de 바카ë¼. Asimismo, los titulares actuales de permisos no pueden seguir ofreciendo juegos una vez renovadas sus licencias. En particular, no se renovar¨¢ ning¨²n permiso hasta dentro de cinco a?os.
El ministerio del Interior (Segob) argumenta que los cambios regulatorios pretender dar claridad jur¨ªdica y conseguir ahorros potenciales en el tratamiento de la adicci¨®n al juego. Sin embargo, los expertos jur¨ªdicos se oponen a esta l¨®gica y afirman que los juegos entran dentro de las categor¨ªas permitidas por la legislaci¨®n federal mexicana. Las preocupaciones planteadas durante una consulta p¨²blica sobre el proyecto de resoluci¨®n se ignoraron y contribuyeron a frustrar a la industria.
El impacto del decreto sobre las m¨¢quinas tragaperras y los 바카ë¼s es significativo. La decisi¨®n del gobierno federal sugiere paralizar la concesi¨®n de nuevas licencias para negocios con m¨¢quinas tragaperras, y los permisos actuales no se renovar¨¢n. Los permisos para actividades de apuestas cruzadas en distintos espacios tendr¨¢n una validez m¨ªnima de un a?o y m¨¢xima de quince, seg¨²n normativa nueva.
Dicho cambio se da siete a?os despu¨¦s de que la administraci¨®n de Felipe Calder¨®n legalizara las m¨¢quinas de juego y de que el Tribunal Supremo de Justicia de la Naci¨®n clasificara las m¨¢quinas tragamonedas como “sorteos” en 2016. En contraste, el ministerio del Interior argumenta que las m¨¢quinas tragamonedas plantean riesgos, incluyendo la corrupci¨®n de menores y v¨ªnculos con redes del crimen organizado.
A medida que la industria mexicana del juego lidia con los cambios radicales introducidos por el reciente decreto, los desaf¨ªos legales y las preocupaciones sobre la constitucionalidad de las regulaciones siguen aumentando. El futuro de los 바카ë¼s y del sector del juego en general en M¨¦xico es incierto, y las partes interesadas de la industria siguen de cerca los acontecimientos y abogan por un enfoque m¨¢s matizado que aborde tanto las preocupaciones regulatorias como las contribuciones econ¨®micas del sector del juego.
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