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La decisi¨®n del Gobierno Colombiano de eliminar la exenci¨®n del IVA para los juegos en l¨ªnea ha causado alarma en la industria de los juegos de suerte y azar. , Federaci¨®n Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, cuyo principal inter¨¦s es promover el desarrollo, regulaci¨®n y defensa de la industria del juego legal en Colombia, advierte que esta medida, establecida en el, podr¨ªa desencadenar una serie de consecuencias econ¨®micas y regulatorias que afectar¨¢n no solo a las empresas del sector, sino tambi¨¦n a los recursos destinados a la salud p¨²blica.
Es el porcentaje que deben pagar los operadores a las autoridades colombianas por el derecho a operar juegos de suerte y azar.
Se aplica a los ingresos extraordinarios o no recurrentes obtenidos por el operador en un a?o fiscal. Este porcentaje puede variar dependiendo de las ganancias generadas en ciertos periodos.
Los operadores deben pagar un porcentaje de sus ganancias netas anuales. En Colombia, la tasa general de impuesto sobre la renta para empresas es del 33%.
Este es un impuesto indirecto que se aplica a las transacciones de bienes y servicios, incluido el juego en l¨ªnea. Aunque ya se menciona como un tributo adicional, debe ser considerado como parte de la carga total.
Es decir que actualmente, los operadores de juegos online en Colombia enfrentan una carga impositiva que podr¨ªa llegar del 70.5% dependiendo de c¨®mo se calculen y acumulen estos impuestos.Con solo el 29.5% de sus ingresos disponibles para operar, la rentabilidad del negocio se reduce dr¨¢sticamente. La introducci¨®n del IVA en este escenario podr¨ªa hacer inviable la continuidad de muchas empresas, generando un efecto domin¨® en la inversi¨®n y en la generaci¨®n de empleo dentro de la industria.
Evert C¨¢rdenas, vocero de Fecoljuegos, se?al¨® que “esta carga impositiva nos pone en una situaci¨®n cr¨ªtica, donde las empresas podr¨ªan verse obligadas a reducir su operaci¨®n o incluso cerrar, lo que impactar¨ªa negativamente en la econom¨ªa y en los recursos destinados a la salud”.
Uno de los puntos m¨¢s cr¨ªticos del decreto es el plazo de implementaci¨®n: cinco d¨ªas h¨¢biles para ajustar los sistemas de facturaci¨®n y cobro del IVA. Esto representa un gran desaf¨ªo t¨¦cnico ya que las plataformas de juego pueden requerir integraciones tecnol¨®gicas complejas que deben ser probadas y certificadas. La falta de un periodo de transici¨®n adecuado podr¨ªa generar bloqueos operativos e incluso sanciones para empresas que, por cuestiones t¨¦cnicas, no logren cumplir con los tiempos establecidos.
“El tiempo que nos dan para la implementaci¨®n es simplemente inviable”, enfatiz¨® C¨¢rdenas.“No es posible en cinco d¨ªas hacer todas las adecuaciones tecnol¨®gicas necesarias, lo que nos expone a sanciones y problemas operativos severos” agreg¨®.
Otro obst¨¢culo clave radica en la certificaci¨®n de los cambios tecnol¨®gicos. Seg¨²n su sitio web, para validar estas modificaciones. Dado que estos laboratorios atienden a m¨²ltiples pa¨ªses, los tiempos de espera podr¨ªan retrasar a¨²n m¨¢s la adaptaci¨®n de las plataformas, afectando la operatividad de los operadores que dependen de estas certificaciones.
El sector de juegos de suerte y azar es un pilar clave en el financiamiento de la salud subsidiada en Colombia. Si la carga tributaria lleva a la reducci¨®n de operaciones o al cierre de alguna de los 15 operadores autorizados en el pa¨ªs, los recursos destinados a programas m¨¦dicos podr¨ªan disminuir significativamente. Adem¨¢s, es posible que un aumento en los costos podr¨ªa incentivar a los jugadores a migrar a plataformas ilegales, fuera del marco regulatorio colombiano. Esto no solo afectar¨ªa la recaudaci¨®n fiscal, sino que tambi¨¦n pondr¨ªa en riesgo a los usuarios, quienes quedar¨ªan expuestos a operadores sin garant¨ªas de pago ni mecanismos de juego responsable.
“Si no se revisa esta medida, no solo perder¨¢ la industria legalmente establecida, sino tambi¨¦n la salud p¨²blica, que depende en gran parte de nuestros aportes”, advirti¨® C¨¢rdenas. “Adem¨¢s, podr¨ªamos ver un crecimiento del mercado ilegal, lo que ser¨ªa un retroceso en todo lo que hemos avanzado en regulaci¨®n”.
Fecoljuegos insta al Gobierno a evaluar detenidamente los efectos de esta medida y a establecer un di¨¢logo con el sector para encontrar soluciones que no comprometan la estabilidad de la industria ni los recursos que aporta al pa¨ªs. La regulaci¨®n del juego en Colombia ha sido un modelo a nivel regional, pero decisiones apresuradas podr¨ªan revertir el progreso logrado hasta ahora.
El desaf¨ªo no es menor: se trata de encontrar un equilibrio entre la recaudaci¨®n fiscal y la sostenibilidad de un sector que, adem¨¢s de generar empleo, cumple un rol fundamental en la econom¨ªa nacional. El tiempo corre y las respuestas no pueden esperar.