- Cumbres
- Noticias
- Fundaci¨®n SiGMA
- Formaci¨®n y asesoramiento
- Tour de p¨®quer
- Sobre nosotros
El clamor contra los operadores de juego filipinos extraterritoriales (POGO) se intensifica a medida que asociaciones empresariales, grupos de reflexi¨®n econ¨®mica y grupos pol¨ªticos unen sus fuerzas para abogar por la prohibici¨®n de estas operaciones dirigidas por chinos. Los cr¨ªticos sostienen que los perjuicios sociales superan con creces cualquier beneficio econ¨®mico.
En una declaraci¨®n conjunta, varias organizaciones influyentes, como el Club Empresarial de Makati, el Instituto de Ejecutivos Financieros de Filipinas y la Asociaci¨®n de Gesti¨®n de Filipinas, expresaron su pleno apoyo a las recomendaciones del Departamento de Finanzas (DOF) y la Autoridad Nacional de Econom¨ªa y Desarrollo (NEDA) de prohibir las POGO.
La declaraci¨®n, respaldada por la Fundaci¨®n para la Libertad Econ¨®mica, la Iniciativa para la Reforma de la Justicia y la Asociaci¨®n de Antiguos Alumnos de la Facultad de Econom¨ªa de la Universidad de Filipinas, subray¨® que los POGO solo contribuyeron en un 0,2% al PIB del pa¨ªs en 2023. Destacaron los costes sociales graves asociados a las POGO, como el tr¨¢fico de personas, los secuestros y el blanqueo, que se detallaron en recientes audiencias del Senado y declaraciones de la NEDA.
Seg¨²n la Polic¨ªa Nacional Filipina, el 55% de los casos de secuestro en 2022 estaban relacionados con las POGO. Los cr¨ªticos advierten de que estos delitos podr¨ªan obstaculizar el crecimiento econ¨®mico, da?ar la percepci¨®n de los inversores y afectar a las relaciones internacionales.
Personalidades destacadas y organizaciones filipinas, encabezadas por los magistrados jubilados del Tribunal Supremo Antonio Carpio y Conchita Carpio Morales, han hecho un llamamiento al presidente Ferdinand Marcos Jr. para que cancele inmediatamente las licencias POGO. Su carta abierta cita la postura de la embajada china de que todas las formas de juego, incluidas las apuestas en l¨ªnea de ciudadanos chinos, son ilegales seg¨²n la legislaci¨®n china.
En la carta tambi¨¦n se critica a la PAGCOR por conceder licencias a las POGO, que se dirigen sobre todo a ciudadanos chinos. En ella se subrayaba que las POGO operan con bandas criminales, en actividades como la detenci¨®n ilegal, la tortura, el tr¨¢fico sexual y la evasi¨®n fiscal.
El presidente y director de PAGCOR, Alejandro Tengco, se ha mostrado contrario a prohibir todas las formas de juego en l¨ªnea. Aboga por una regulaci¨®n estricta para mejorar la recaudaci¨®n de impuestos y frenar las actividades ilegales de juego. Tengco argumenta que el cumplimiento de la normativa por parte de los operadores ilegales podr¨ªa aumentar significativamente los ingresos p¨²blicos, con un potencial de entre 200 y 250 mil millones de pesos filipinos.
Sin embargo, seg¨²n un informe de los medios de comunicaci¨®n locales, una prohibici¨®n total de las POGO podr¨ªa provocar importantes p¨¦rdidas de empleo. En febrero de 2020, se inform¨® de que el 82,3% de los POGO eran extranjeros, solo el 17,7% eran filipinos. La Asociaci¨®n de Proveedores de Servicios de POGO (ASPAP) declar¨® que la industria empleaba directamente a unos 11.776 filipinos y sosten¨ªa indirectamente muchos m¨¢s puestos de trabajo en sectores relacionados.
A medida que aumentan los llamamientos, el presidente Marcos se enfrenta a una presi¨®n cada vez mayor para que tome una medida decisiva. Grupos empresariales, expertos econ¨®micos y defensores sociales instan al gobierno a priorizar el bienestar del pa¨ªs a largo plazo sobre las ganancias financieras a corto plazo de los POGO. La decisi¨®n de prohibirlos o no tendr¨¢ importantes consecuencias para la econom¨ªa, el tejido social y su posici¨®n internacional.