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La investigaci車n de los POGO revela una supuesta usurpaci車n del poder del Congreso por parte de Duterte
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Una investigaci車n sobre las operaciones de los Operadores de Juego Extranjero en Filipinas (POGO) saca a la luz acusaciones de que el expresidente filipino Rodrigo Duterte podr赤a haberse extralimitado en sus poderes ejecutivos. De esta forma, habr赤a invadido la autoridad legislativa del Congreso.
Durante una en la C芍mara de Representantes, el representante de Batangas Gerville Luistro destac車 la preocupaci車n de que la Orden Ejecutiva (OE) n.? 13 de Duterte, que denomin車 el juego en l赤nea y permiti車 a las POGO florecer en el pa赤s, constituyera un acto legislativo. Esta competencia es algo exclusivo que pertenece al Congreso.
Luistro se?al車 que la OE n.? 13 era el primer caso en que se mencionaba oficialmente el t谷rmino “juego en l赤nea” en una orden presidencial. Es un t谷rmino que no se encontraba en el marco jur赤dico vigente establecido por el Decreto Presidencial n.? 1869 y la Ley de la Rep迆blica n.? 9487. Ambas ampliaban la franquicia de la PAGCOR. “El t谷rmino ‘juego en l赤nea’ nunca se mencion車 ni en el Decreto Presidencial 1869 ni en la Ley de la Rep迆blica 9487”, se?al車, suscitando la preocupaci車n de que el poder ejecutivo pudiera haber invadido los poderes legislativos del Congreso.
Roque sobre las acciones de Duterte
El abogado Harry Roque, que actu車 como portavoz de Duterte, fue el encargado de ofrecer su punto de vista. Roque, sin embargo, explic車 que su papel como portavoz era principalmente comunicar las decisiones del presidente al p迆blico, no cuestionarlas. “En realidad, no pod赤a contradecirle. No pod赤a corregirle. Es mi jefe”, subray車 Roque. Aclar車 que su cargo no implicaba influir en las decisiones jur赤dicas del presidente.
Cuando se le pregunt車 si cre赤a que la OE n.? 13 de Duterte sobrepasaba los l赤mites de la autoridad ejecutiva, Roque mantuvo que todas las disposiciones ejecutivas se presumen constitucionales, a menos que se impugnen con 谷xito en los tribunales.
“Seg迆n nuestro sistema de cosas, se presume que todas las disposiciones ejecutivas [y] legislativas son constitucionales, a menos que se demuestre lo contrario”, declar車. Esta postura subraya la presunci車n de legalidad que suele acompa?ar a las 車rdenes ejecutivas. Adem芍s, deja su constitucionalidad a la revisi車n judicial.
El principio de separaci車n de poderes
Luistro argument車 adem芍s que la OE n.? 13 de Duterte podr赤a haber violado la separaci車n de poderes. Esto se debe a crear de hecho una nueva ley, una acci車n que constitucionalmente corresponde al Congreso. “Cuando el [ex] presidente emiti車 la Orden Ejecutiva, es la humilde sumisi車n de esta representaci車n, legisl車, enmend車, derog車 la ley, un acto que viola el principio fundamental de la separaci車n de poderes”, afirm車. As赤, destaca el potencial conflicto constitucional derivado de la orden ejecutiva.
La OE n.? 13, a examen
La Orden Ejecutiva n.? 13, promulgada durante la presidencia de Duterte, ten赤a por objeto aclarar la regulaci車n del juego en l赤nea en Filipinas. Se trata de un sector que desde entonces se ha convertido en econ車micamente importante y controvertido. La orden ampliaba las funciones de supervisi車n de la Oficina del presidente para incluir el juego en l赤nea, una medida que, seg迆n los cr赤ticos, elud赤a las leyes vigentes que rigen la PAGCOR.
La cr赤tica de Luistro a la OE n.? 13 se centr車 en la idea de que introduc赤a nuevas medidas reguladoras sin la aprobaci車n expl赤cita del Congreso. Socava as赤 el proceso legislativo. Reiter車 que las leyes de procedimiento siempre deben prevalecer sobre las leyes sustantivas y recalc車 que el poder ejecutivo no debe ampliar unilateralmente su alcance normativo sin respaldo legislativo.
La posible relaci車n de Duterte con los POGO
El mes pasado, la senadora Risa Hontiveros puso en duda los v赤nculos de Duterte con los POGO. Hontiveros destac車 la posibilidad de una conexi車n m芍s profunda entre Duterte y los POGO. Este se?al車 que Michael Yang, ex asesor de Duterte, podr赤a tener v赤nculos con varias empresas POGO.
Prohibici車n de los POGO en vigor
En julio, el presidente Ferdinand Marcos Jr. orden車 prohibir por completo los POGO en el pa赤s. Dio instrucciones a la PAGCOR para que liquidara y cesara las operaciones de todos los POGO, legales e ilegales, antes de finales de a?o.
La decisi車n de Marcos se produjo despu谷s de que salieran a la luz numerosos casos e investigaciones relacionados con los POGO. Las operaciones de los POGO en Filipinas est芍n relacionadas con delitos como la trata de personas, secuestros, homicidios, detenciones ilegales, extorsi車n, robos y robo-extorsi車n.
