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Un controvertido proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional de Bulgaria por el partido nacionalista MECH busca eliminar el sector privado de los juegos de azar en el pa¨ªs, sustituy¨¦ndolo por un monopolio estatal total operado exclusivamente por Bulgarian Sports Totalizator (BST). La Asociaci¨®n de Juegos de Azar de Bulgaria (BGA) denunci¨® la propuesta como una amenaza para el orden jur¨ªdico, la competencia en el mercado y los ingresos estatales.
Si se aprueba, el proyecto de ley eliminar¨ªa todas las licencias privadas existentes y concentrar¨ªa todas las formas de juego, desde loter¨ªas y apuestas deportivas hasta 바카ë¼s y salas de juego, bajo el control de BST, una empresa estatal supervisada por el Ministerio de Deportes y Juventud.
¡°Proponemos una reforma completa de la estructura legal que regula el juego. Y lo m¨¢s importante, proponemos prohibir todas las actividades de juego, ya sean presenciales, en l¨ªnea o de otro tipo, realizadas por operadores privados en Bulgaria¡±, explic¨® Radostin Vassilev, l¨ªder del partido de extrema derecha MECH, y a?adi¨®: ¡°Si realmente queremos limitar el juego, tener un control real, si queremos que miles de millones de levas se destinen al presupuesto estatal en lugar de enriquecer a un pu?ado de oligarcas de dudosa reputaci¨®n, entonces el juego debe ser estatal¡±.
El proyecto de ley, seg¨²n informa , describe una extensa lista de prohibiciones, entre ellas:
El proyecto de ley tambi¨¦n propone un registro de personas vulnerables o que buscan la exclusi¨®n voluntaria, seg¨²n los medios locales. Esto incluye a menores, personas bajo tutela, quienes reciben ayuda social mensual y cualquier persona que se identifique como adicta al juego. Solo los funcionarios de la Agencia Nacional de Ingresos y BST tendr¨ªan acceso a la lista y estar¨ªan legalmente obligados a impedir la participaci¨®n de estas personas.
En una , la BGA pidi¨® el rechazo del proyecto de ley en primera lectura. La Asociaci¨®n calific¨® la propuesta de establecer un monopolio estatal y eliminar a los operadores privados de juegos de azar como conceptual, legal y econ¨®micamente infundada.
Seg¨²n la BGA, la propuesta contradice tanto la Constituci¨®n de la Rep¨²blica de Bulgaria como el derecho de la Uni¨®n Europea, concretamente: ¡°los art¨ªculos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Uni¨®n Europea, que garantizan la libertad de establecimiento y la libertad de prestaci¨®n de servicios¡±.
Destacaron lo siguiente: ¡°El establecimiento de un monopolio a favor de un ¨²nico operador, ya sea p¨²blico o privado, representa una restricci¨®n injustificada y desproporcionada al mercado interior¡±.
La BGA advirti¨® que la adopci¨®n del proyecto de ley conllevar¨ªa ¡°graves consecuencias para la econom¨ªa b¨²lgara, incluida la p¨¦rdida de miles de puestos de trabajo, la destrucci¨®n de una importante inversi¨®n privada y una disminuci¨®n de los ingresos fiscales y de la seguridad social¡±.
Seg¨²n la Asociaci¨®n, estos ser¨ªan: ¡°reemplazados por una gesti¨®n incierta y potencialmente ineficiente de las actividades de juego por parte de un operador estatal¡±.
La BGA tambi¨¦n cuestion¨® la justificaci¨®n de que un monopolio ofrecer¨ªa una mayor protecci¨®n al consumidor y afirm¨®: ¡°No hay datos que demuestren que un operador estatal sea m¨¢s eficaz en la prevenci¨®n de la adicci¨®n al juego en comparaci¨®n con los operadores privados con licencia que funcionan bajo una estricta regulaci¨®n¡±.
En un , el l¨ªder del partido de extrema derecha MECH, Radostin Vassilev, defendi¨® los cambios propuestos a la Ley del Juego: ¡°La clave para determinar si habr¨¢ juegos de azar en Bulgaria estar¨¢ en manos del Estado¡±.
Respecto a la viabilidad pol¨ªtica del proyecto de ley, Vassilev afirm¨®: ¡°Sabemos que este proyecto no contar¨¢ con el apoyo de ning¨²n otro partido parlamentario. La mayor¨ªa, en mi opini¨®n, est¨¢n vinculados de una forma u otra a la financiaci¨®n de intereses privados del juego¡±.
El destino del proyecto de ley sigue siendo incierto, pero con las crecientes cr¨ªticas tanto de la industria como de los expertos constitucionales, es probable que su paso por el Parlamento sea pol¨¦mico.