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El gobierno del Territorio del Norte, que supervisa la industria australiana de las apuestas en l¨ªnea, valorada en 50 mil millones de d¨®lares, recibe cr¨ªticas por su proceso de consulta para redactar la nueva Ley de Carreras y Apuestas de 2024. El gobierno solicit¨® la opini¨®n de las 28 empresas de apuestas en l¨ªnea autorizadas, incluidos los gigantes internacionales Bet365 y Sportsbet, pero solo se consult¨® a un grupo de prevenci¨®n de da?os.
Seg¨²n las disposiciones de la Ley de Carreras y Apuestas de 2024, Eva Lawler, ministra principal del Territorio del Norte (arriba), tendr¨ªa autoridad para orientar las acciones y responsabilidades del regulador del juego y de su director.
La Alianza para la Reforma del Juego ha criticado el proceso cerrado de consulta del proyecto de ley que regula la industria de 50 mil millones de d¨®lares. Adem¨¢s, alega que el territorio carece de la experiencia necesaria para gestionar un asunto tan complejo.
La legislaci¨®n propuesta, que podr¨ªa votarse en las pr¨®ximas semanas, permitir¨ªa al ministro principal dirigir al regulador del juego del Territorio y a su director en sus funciones. En un principio, el gobierno consider¨® aumentar las multas m¨¢ximas a 10.000 unidades de penalizaci¨®n, aproximadamente 1,75 millones de d¨®lares, pero redujo el tope en un 75%, hasta unos 445.000 d¨®lares, en el proyecto de ley.
Otros han acusado al gobierno del Territorio de estar “fuera de s¨ª” y de socavar los esfuerzos por establecer un regulador nacional, tal como recomendaba una investigaci¨®n parlamentaria federal. El gobierno defendi¨® la ley y afirm¨® que equiparar¨ªa las multas m¨¢ximas a las de otros pa¨ªses. Los cr¨ªticos llevan mucho tiempo argumentando que las sanciones son tan bajas que tienen escaso impacto regulador.
El gobierno del Territorio del Norte pidi¨® informaci¨®n sobre el proyecto de ley a todas las empresas de juego autorizadas, la comisi¨®n de carreras, el tribunal de apelaci¨®n de carreras, el tribunal civil y administrativo del Territorio, organismos gubernamentales, abogados del sector del juego y un grupo de apoyo al juego, Amity Services. Sin embargo, no se dirigi¨® a nadie con sede fuera, incluidos reguladores, investigadores del juego, acad¨¦micos, centros de tratamiento o asesores financieros.
El gobierno se neg¨® a responder a las preguntas sobre por qu¨¦ no llev¨® a cabo un proceso de consulta abierto y por qu¨¦ solo consult¨® a un servicio de asesoramiento local. Todo ello, teniendo en cuenta que la investigaci¨®n nacional document¨® “pruebas contundentes” de los da?os causados por la industria del juego en l¨ªnea.
Carol Bennett, directora ejecutiva de la Alianza para la Reforma del Juego, se?al¨® que el momento elegido para presentar el proyecto de ley era “interesante”. Esto se debe a que se esperaba que el gobierno de Albanese respondiera a las recomendaciones de la investigaci¨®n federal en unas semanas. La investigaci¨®n, dirigida por la exdiputada laborista Peta Murphy, ped¨ªa crear un regulador nacional nuevo que quitara responsabilidades al Territorio del Norte y fuera “responsable de todas las licencias y regulaciones”.
el siguiente evento es la conferencia del SiGMA ?frica en Ciudad del Cabo del 11-13 de marzo